La insostenible Ley de Economía Sostenible

La estrella de esta legislatura del Gobierno de Zapatero es, según el propio Gobierno, la Ley de Economía Sostenible, cuyo trámite parlamentario amenaza con ser tan azaroso como impredecible. Ya el hecho mismo de la pretensión de cambiar la orientación económica y la estrategia de un país por medio de una ley se muestra como una formulación por lo menos desafortunada. Son palmarias las necesidades de reorientación de nuestro modelo productivo: cerca de un 20% de parados son a todas luces una evidencia inapelable. Pero no basta con las buenas intenciones y el BOE. Dicho empeño precisa de un alto grado de consenso y de la participación decidida del tejido empresarial, del conjunto de los ciudadanos y de la motivación que arranca en la educación. Estamos muy lejos de esa meta.

Los expertos y los empresarios han dejado muy clara su opinión sobre el proyecto del Gobierno con un rechazo que alcanza una rara unanimidad. Según el Consenso Económico que elabora PriceWaterhouseCoopers, el 90% del prestigioso panel consultado consideran que el actual texto de la Ley de Economía Sostenible contribuirá “poco o nada” al cambio efectivo del modelo económico. En cambio, si hay un amplio consenso sobre la necesidad de una nueva forma de desarrollo económico y nada menos que el 97,92% de los encuestados están convencidos de que el actual modelo vigente hasta el año 2007 no era sostenible en el tiempo. Pero la mera presentación y tramitación de un texto legislativo, incluso con la correcta intención en su preámbulo, “poco o nada” puede hacer para esta ciclópea tarea.

El clima de negocios favorable a tal cambio es condición imprescindible –que no única– para el fin propuesto. Los motores del cambio pasan por los sectores empresariales implicados. Y los empresarios están dando su opinión de manera abrumadora. El Barómetro de Empresas que elabora Deloitte (consulta diciembre de 2009) se muestra también muy crítico con el proyecto. Un total de 7 de cada 10 empresas encuestadas han sentenciado que el texto presentado por el Gobierno no va a ayudar a mejorar el modelo productivo español. Trabajo y educación son hoy las reformas clave para el 90% de los empresarios. ¿Cómo puede seguir adelante un proyecto de ley que rechazan de plano los principales agentes llamados a aplicar dicha normativa?
La innovación es la palabra dorsal para encarar el cambio que la economía necesita, especialmente en un país que, como el nuestro, ha vivido siglos de espalda a la sistematización de este concepto en el tejido social. Dicen los expertos que el proceso innovador requiere un conjunto de agentes o subsistemas que interactúan entre sí para la creación y el uso del conocimiento económicamente útil. Es evidente que el entramado productivo, las empresas, están en el centro de este proceso. Pero se necesita mucho para llegar a ello, además de la participación entusiasta de las Administraciones públicas. Se precisa toda una estrategia de innovación en la que, en primer lugar, participen las instituciones educativas, la cultura de la población, el mercado. Y las aportaciones legislativas, incluso las mejor orientadas, son sólo el marco. Empiece el Gobierno por aportar unos Presupuestos Generales del Estado acordes con este propósito, refuerce el marco institucional y administrativo proclive a la innovación, ayude a levantar la montaña de parados, totalmente incompatibles con una economía competitiva y sostenible. O sea, que estamos muy lejos de la senda que nos lleva a la meta.

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