La Ley de la Ciencia y la Tecnología llega al Consejo de Ministros

El objetivo de esta ley es modernizar el sistema de I+D+i, reorganizar las capacidades de los organismos públicos de investigación (OPI) y reforzar las capacidades de la innovación. Para lograrlo, el texto legal recoge algunas de las reivindicaciones que la comunidad científica ha planteado durante el proceso de elaboración del mismo, como la creación de la Agencia Estatal de Investigación para la financiación y gestión de los programas.

Plan estatal
Se establece un Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, de carácter plurianual, para fijar los objetivos, las prioridades y la programación de las políticas a desarrollar en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología. Se crean 3 órganos: el Consejo de Política Científica y Tecnológica, el Consejo Asesor, y el Comité de Ética de la Investigación.

Además, se instaura un modelo de financiación similar al de los países más avanzados, mediante la Agencia Estatal orientada a la financiación de la investigación científica y técnica, que utilizará como criterio evaluativo para la asignación de recursos el mérito científico o técnico, y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), orientado a la financiación de la innovación y la implantación de nuevas tecnologías, que tendrá en cuenta el mérito técnico o de mercado y el impacto socioeconómico de cada uno de los proyectos.

Sin embargo, ha quedado fuera de la ley una reivindicación importante de la comunidad científica, la configuración de una carrera científica no funcionarial.

Según el texto legal, se establece la contratación de becarios para realizar la tesis doctoral. Además, se crea un nuevo contrato de acceso al sistema que al cabo de cinco años, si se supera una evaluación, se convierte en contrato indefinido, aunque luego pasa a ser funcionarial. Por otro lado, el borrador también contempla la equiparación de los científicos de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), los profesores y catedráticos universitarios.

Los OPI son: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (que será agencia estatal), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Instituto de Salud Carlos III, Instituto Geológico y Minero de España, Instituto Español de Oceanografía, Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria e Instituto de Astrofísica de Canarias.

La actividad investigadora será sometida a dos evaluaciones, la primera al finalizar el tercer año y la segunda antes de finalizar el quinto. Si no se supera la evaluación, puede ser extinguido el contrato. Por el contrario, la superación de las evaluaciones determina el paso a la condición de funcionario.

La Ley de la Ciencia es uno de los objetivos prioritarios por los que hace dos años se creó el Ministerio de Ciencia e Innovación y forma parte del cambio de modelo productivo hacia una economía basada en el conocimiento que propugna el Gobierno de Zapatero. Sustituirá a la ley la vigente, que data de 1986, y que ha sido fundamental en el desarrollo del sistema español de ciencia y tecnología.

El recorte del presupuesto en Ciencia e Innovación llega al 10%
Las medidas de ahorro del Gobierno aplicadas al Ministerio de Ciencia e Innovación no afectarán ni al Plan Nacional de I+D ni a los organismos públicos de investigación (OPI). Los 31,5 millones recortados al presupuesto del Ministerio suponen una reducción del 10% respecto al año anterior. Cristina Garmendia señaló que del plan de austeridad a 3 años quedan excluidos los proyectos de investigación y desarrollo, las becas y los contratos para investigadores. Desde 2004, en sólo 5 años, el sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación ha recibido una inversión superior a la acumulada en la década precedente, según los datos del INE.