¿Va hacia la quiebra el sector de la Construcción?

Las patronales de la construcción se unen para advertir que el sector sufrirá una enorme crisis si sigue adelante el Plan de Ajuste de la Obra Civil

M.I.C.

Última actualización :: 30/07/2010 @ 11:30:07 (GMT+1)

Por primera vez en la historia, las cinco grandes patronales del sector de la construcción se han unido para emitir un comunicado común, en el cual expresan su profundo malestar y desacuerdo con los recortes que en las obras públicas ha anunciado el Ministerio de Fomento en el Plan de Ajuste de la Obra Civil, presentado el 22 de julio.

CNC, Seopan, Anci, Aerco y Cepco advierten que, de seguir adelante dicho Plan, el sector pasará momentos dramáticos y necesitará ayudas económicas para una importante reestructuración, con muchos cierres de empresas e importantes pérdidas de empleo. Las asociaciones piden que el necesario ajuste para reducir el déficit público se haga en “gastos no productivos” y ven con especial preocupación que Fomento no certifique más obra en lo que resta de 2010. El tiempo dirá si el de las patronales de la construcción ha sido un acuerdo por un día o una unión duradera para afrontar los grandes retos del sector. Todo indica –incluso algunas voces implicadas lo han manifestado– que, a partir de septiembre, cada patronal hará la guerra por su parte y esta unión será flor de un día, ya que los intereses que defienden cada una de ellas son muy diferentes.

Las cinco patronales se han ido de vacaciones y el ministro, por su parte, no se ha manifestado todavía ante el comunicado, que le pide medidas muy concretas para paliar el desastre que vaticinan para un sector que ha sido uno de los motores de la economía española en los últimos años y ya sufrió –y va a sufrir más aún– un fuerte recorte en edificación, además del de la obra pública.

A pesar de los diferentes intereses que representan CNC, Seopan, ANCI, Aerco y Cepco, aparecieron conjuntamente el pasado 28 de julio en una rueda de prensa destinada a analizar la situación del sector de la construcción ante los recortes del Gobierno en infraestructuras, que se estiman en 6.400 millones de euros en dos años. Las asociaciones solicitan una serie de medidas que ayuden a paliar la falta de inversión y el anuncio de paralización de pago en 2010 por parte del Ministerio sobre las obras ya en marcha. Un comunicado cuyas consecuencias quedan pendientes para la vuelta de vacaciones, y que las patronales quieren que tenga efectos sobre los presupuestos de 2011 y el desarrollo urgente del PEI en la segunda mitad del año.

Además de la falta de inversión, otra de las cuestiones que más preocupan a las patronales es la medida anunciada por Fomento de no certificar obra en lo que queda de 2010. Con esta medida, todas las empresas constructoras que tienen hoy contratos con ese Ministerio verán aplazados sus cobros y, sin embargo, debido a la nueva Ley de Morosidad, tendrán que acelerar sus pagos, con lo cual pueden verse en la ruina y cierre, según han manifestado miembros de las asociaciones.

Estamos hablando de un sector, manifestó Juan Lazcano, con una gran atomización, unas 5.400 empresas, con márgenes reducidos y poca capitalización. David Taguas, presidente de Seopan, añadió que “es un sector heterogéneo que abarca desde multinacionales a microempresas. De ahí que el “shock de demanda que supone el recorte, unido a la nueva Ley de Morosidad, puede tener consecuencias imprevisibles para el sector”.

Otro de los temas que queda pendiente de resolver y que preocupa al sector es quién y cómo se mantendrán las obras ejecutadas, cómo se afrontarán las obligaciones adquiridas con proveedores y subcontratistas y el lucro cesante, con independencia de los pagos derivados por la necesidad de mantener la seguridad en la obra y el mantenimiento y conservación de lo ejecutado.

Medidas solicitadas
Las cinco grandes patronales, a pesar de entender la necesidad que tiene el Gobierno de recortar gasto público para reducir el déficit en las proporciones exigidas por la Unión Europea, consideran que no es acertado hacerlo de forma significativa sobre la inversión pública, ya que este recorte tendrá un impacto inmediato sobre la actividad económica y el empleo. Así, el presidente de la CNC, Juan Lazcano, manifestó que, con crisis o sin ella, el sector de la construcción “nunca dejará de constituir entre el 8% y el 10% del PIB, y cada obra tiene un retorno fiscal del 57%”. Por otra parte, manifiestan que cada millón de euros no invertido supone una destrucción de 18 puestos de trabajo.

Ante esto, piden al Gobierno que el recorte de la inversión se realice en gasto no productivo, algo en lo que insisten las fuentes del sector consultadas.

Al mismo tiempo, las patronales solicitan al Gobierno que instrumente un plan de reestructuración del sector con ayudas fiscales y crediticias vía ICO, al igual que ha hecho con otros sectores, como la banca o el automóvil.

También proponen medidas para recaudar fondos en otros "yacimientos de gasto", como el establecimiento de tasas o peajes vinculados con la prestación del servicio, como alternativa a la actual situación. Que se incrementen los ingresos fiscales por otras vías como la fiscalidad sobre los carburantes, tabaco, euroviñeta de tráfico, copago sanitario, etc. Y, por último, que se privaticen organismos que prestan servicios públicos, como AENA, u otros, incluso en el marco autonómico.

Recortes sector vivienda
Pero las malas noticias, en el ladrillo, parece que nunca llegan solas. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se ha reunido con los consejeros de las comunidades autónomas para informarles de los recortes que el Gobierno va a efectuar en materia de vivienda, debido a la “necesidad” de reorientar las prioridades del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) y de reajustar su escenario financiero en 2010, 2011 y 2012.

Corredor ha anunciado que las líneas que seguirán contando con apoyo del Gobierno, “por su componente económico y social”, son las de alquiler y rehabilitación. Las ayudas destinadas a favorecer la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) se reducirán en un 40%. entre las medidas más criticadas se encuentran la eliminación de la reserva de eficacia o la supresión de la ayuda a la compra de vivienda.

La ministra destacó que el alquiler tiene un "gran impacto social", dado que muchas familias necesitan acogerse a esta modalidad, mientras que la rehabilitación tiene, además, un "fuerte" componente económico coyuntural y estructural, además de generar actividad económica, lo que se traduce en nuevos puestos de trabajo.

Ante el anuncio de Corredor, tanto asociaciones como los consejeros han criticado la medida. El G-14, el grupo de las mayores inmobiliarias, también se ha pronunciado en contra. Según su secretario general, Pedro Pérez, se "corre el riesgo de ahogar la incipiente y suave recuperación que el sector viene registrando desde finales del pasado año". Asimismo, opina que "quitar los pocos incentivos que quedaban a la compraventa de vivienda tendrá impactos negativos a corto plazo en la economía".